La Defensoría del Pueblo realizó un llamado a las entidades territoriales para que se preste un correcto servicio en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

Carlos Camargo Assís, Defensor del Pueblo, explicó que se llevó a cabo una investigación por las permanentes quejas en aquellos lugares donde este programa se ha presentado de manera intermitente.

“A partir del trabajo realizado en los territorios por nuestros funcionarios y funcionarias y dándole cumplimiento a la aplicación, con corte a octubre, del ‘Protocolo Defensorial para la Verificación de Derechos de la Niñez y Adolescencia Beneficiaria del PAE’, al escuchar a niñas, niños y adolescentes sobre la percepción que tienen frente a la calidad de la prestación del Programa, del cual ellos son beneficiarios directos, hubo hallazgos que generan bastante preocupación”, expresó el Defensor del Pueblo.

Los delegados hablaron con alrededor de 1400 niños, niñas y adolescentes beneficiarios del PAE en 118 instituciones educativas en los departamentos de Amazonas, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Sucre.

También realizó entrevistas a padres, madres, cuidadores, directores de las instituciones, operadores y funcionarios de secretarías de Educación y Salud. Todos, actores claves en la implementación del programa.

En Norte de Santander y Guaviare, los beneficiarios reportaron que les salían cabellos en el complemento alimentario; así mismo, expusieron que hay pocas cucharas, lo que las obliga a utilizarlas a lo largo de una jornada varias veces, recibiéndolas, en algunas ocasiones, en condiciones de aseo y desinfección deficientes.

Para los casos de Chocó y Boyacá, se identificó la falta de agua potable; en Atlántico, excrementos de animales en los lugares de preparación y almacenamiento.

Adicionalmente, la Defensoría encontró que en Soacha y Pasto las instalaciones en las que se desarrolla el PAE son precarias, ya que hay filtraciones de agua, las cuales generan un riesgo para las personas que transitan, y el espacio del comedor es insuficiente. 

En Magangué, Bolívar; Tunja y Coper, Boyacá, se identificó que el menaje y los utensilios de aseo son insuficientes, lo cual redunda en que los espacios estén en condiciones deficientes de aseo.

En Córdoba, con base en información de la Unidad Administrativa de Alimentos para Aprender, con corte al 31 de octubre, el PAE a cargo de la Gobernación de Córdoba se suspendió desde el 30 de mayo del 2023, afectando a 156.690 estudiantes. 

En otras entidades territoriales certificadas, como Amazonas, Cesar y Guaviare, el programa también presenta alerta de suspensión.

“En términos generales, evidenciamos un promedio de cumplimiento del 69,5% en el componente de calidad e inocuidad. Sin embargo, instamos a las entidades territoriales certificadas para que, en el desarrollo de sus funciones para la correcta y efectiva prestación del Programa de Alimentación Escolar, realicen el debido seguimiento a la operación en los territorios”, dijo Carlos Camargo.

Rutas defensoriales

Debido a las irregularidades encontradas, el ente activó 19 rutas defensoriales, con las que ha venido haciendo requerimientos y coadyuvancias de acciones judiciales.

Así mismo, invitó a los operadores para que le den el cumplimiento completo y oportuno a la operación del PAE, de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Administrativos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, particularmente en lo relacionado con la constitución de los menús y ciclos de menú, para que sean elaborados teniendo en cuenta los usos y costumbres de los diferentes territorios, con el fin de evitar el desperdicio de los alimentos.

Camargo Assís añadió que es propicio adelantar una correcta planeación de la ejecución del programa para que los procesos precontractuales y contractuales no afecten la operación y continuidad durante todo el calendario escolar, y, con ello, los derechos de niñas, niños y adolescentes beneficiarios sean garantizados.

Con información de la Defensoría del Pueblo